Así es la letra pequeña del nuevo tipo mínimo global de Sociedades aprobado por el Gobierno
El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley que transpone la directiva europea para fijar una tributación mínima del 15% sobre resultado contable ajustado en las compañías que facturen desde 750 millones al año.
El Gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar dio ayer un nuevo paso para elevar la presión fiscal sobre las grandes empresas. Apenas un mes después de la formación del nuevo Ejecutivo, acometiéndolo como máxima prioridad, el Consejo de Ministros decidió impulsar la implantación en España del nuevo tipo mínimo global del 15% sobre el resultado contable en el Impuesto de Sociedades, aunque ni siquiera anunció la medida durante la rueda de prensa posterior.
En concreto, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que transpondrá la directiva europea que fija una tributación mínima común a las compañías que facturen más de 750 millones de euros anuales (en al menos dos ejercicios de los últimos cuatro). El texto cumplirá ahora los trámites preceptivos antes del visto bueno final a su remisión al Parlamento.
España tenía el compromiso con la Unión Europea de tener aprobada la normativa antes del 31 de diciembre de este año, si bien el periodo de Ejecutivo en funciones y la parálisis parlamentaria que han supuesto la convocatoria anticipada de Elecciones Generales, unida a los meses que ha costado formar nuevo Gobierno, habían retrasado nuevos avances después de que Hacienda iniciara la senda sacando el proyecto a audiencia pública en primavera.
Pese a la urgencia, la norma no puede ser tramitada como real decreto ley por lo cual la tramitación del proyecto de ley promete demorar la aprobación definitiva hasta ya entrado 2024.
La norma desarrolla la implantación en España del acuerdo sellado por 138 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para adoptar de forma conjunta un tipo mínimo del 15% en la imposición societaria de grandes firmas y multinacionales.
Se trata del llamado Pilar 2 del marco fiscal internacional que promueve la OCDE contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). En este marco, queda pendiente de desarrollar el Pilar 1, consistente en repartir luego la recaudación obtenida entre todos los territorios en que las multinacionales tengan negocio aunque no tengan presencia física.
El Gobierno español dio a conocer su proyecto de adaptación de la regulación coincidiendo con el anuncio de Ferrovial de que trasladaba su sede de España a Países Bajos, un movimiento en el que se analizaron con lupa las ventajas fiscales que podría obtener la compañía.
Hasta ahora, en España el Impuesto de Sociedades parte de un tipo nominal general del 25%, rebajado al 23% para las pymes, e incrementado al 30% para entidades financieras y firmas petroleras. El Gobierno ya aprobó un tipo mínimo nacional del 15% (18% para banca y petroleras) sobre la base imponible del tributo (que es la parte del beneficio realmente gravada tras descontar ciertos gastos, amortizaciones o correcciones de valor) para que las empresas que facturan más de 20 millones no paguen por debajo de ese umbral aplicando bonificaciones y deducciones fiscales. La medida, que afecta a unos 450 grupos societarios y 90 grandes empresas, ha recaudado hasta la fecha 578 millones de euros.
La herramienta diseñada por la OCDE es similar, pero en lugar de aplicarse sobre la base imponible afecta al resultado contable, aproximándose más al beneficio, aunque admitiendo importantes ajustes por intereses, dividendos o bases imponibles negativas. El Gobierno confirmó ayer que mantendrá vigentes las dos palancas, tanto el tipo mínimo global para multinacionales como el nacional.
El Ministerio de Hacienda explicó ayer que el objetivo de la norma es «adaptar el marco legal español» al nuevo estándar internacional para «luchar contra la planificación fiscal agresiva de las multinacionales». En línea con la directiva europea, este tipo mínimo no afectará a fondos de pensiones, entes públicos y organizaciones internacionales, ni aquellas sin ánimo de lucro.
Su aplicación se realizará mediante el desarrollo de una suerte de impuesto complementario al de Sociedades que contará con tres herramientas. En primer lugar, habrá un impuesto complementario nacional que garantice que los grupos nacionales y las multinacionales radicadas en territorio español alcancen una tributación mínima del 15% de su resultado contable ajustado, sin afectar a las que ya tributen por encima. A partir de ahí operará un impuesto complementario primario sobre las rentas que la matriz del grupo obtenga de filiales situadas en el extranjero sobre las que opere una carga fiscal inferior al 15%. Finalmente, se aplicará un gravamen complementario secundario directamente sobre las filiales de un grupo ubicadas en España cuando existan rentas exteriores de la multinacional gravadas por debajo del nuevo umbral.
En 2021, el tipo efectivo sobre resultado contable pagado por las empresas en España fue del 11%, por lo que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, aspira a elevar la recaudación en 10.000 millones frente a los 32.000 millones que ingresa hoy Sociedades (los grupos en beneficio pagan el 6,7%, 7.800 millones). Otros cálculos rebajan el impacto a unos 3.000 millones e incluso por debajo. Afectará sobre todo a los sectores que pagan tipos reales más bajos, como son las firmas de construcción e inmobiliaria, banca o industria.
